Otra denuncia por corrupciòn contra Lula en Brasil.

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coimero

La Justicia brasileña aceptó hoy a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de

dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en

primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos.Màs impli-

caciones de este ex-presidente coimero !

Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque

el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que

recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.

En el proceso que fue aceptado hoy a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro,

 Lula da Silva es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras reali-

zaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al ex mandatario en Atibaia, municipio en el interior

del estado de Sao Paulo.

Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecu-

tivos de las constructoras que costearon las obras.

Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente

de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones,

y Fernando Bittar, un amigo del ex presidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.

En su sentencia, el juez alegó que "no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas", en tanto que

los "elementos probatorios permiten concluir" que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las

responsables por las obras.

Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empre-

sas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante

el gobierno de Lula.

Según la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff,

Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del

exgobernante visitaba con frecuencia.

De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales

(unos 312.500 dólares).

Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia,

un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escri-

tura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fis-

calía considera como testaferros del ex presidente.

La Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de

adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.

Los fiscales también dijeron haber encontrado indicios que sugieran que el exjefe de Estado es el verdadero propieta-

rio de la casa de campo, en la que comprobadamente estuvo en 270 ocasiones entre el 2011 y el 2016.

La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses "que la casa de campo frecuentada

por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció".

Los fiscales, agrega la defensa, "también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en

el inmueble".

En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuesta-

mente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS.

El proceso en el que fue condenado se fundamenta en la supuesta entrega al ex mandatario de un apartamento en el bal-

neario paulista de Guarujá por parte de la OAS a cambio de "favores políticos".

Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que ten-

dría como objetivo impedir que postule en el 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre el 2003 y el 2011.

Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones del 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues,

si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.

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