Se inicia proceso contra RMB,juez le notificara las acusaciones !

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enjaulao

 

El fiscal Harry Díaz ha acumulado testimonios y documentos que le servirán para probar los cuatro delitos por los

que acusa al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos de fraude en varias formas y por pinchazos tele-

fónicos, seguimientos y vigilancias sin autorización judicial.

En la audiencia de hoy, Díaz deberá leer la acusación frente al exmandatario y mostrar a las partes las pruebas para

sustentarla.

Así ha reunido el testimonio de gran parte de las víctimas, que aunque no se han constituido como querellantes, se-

rán las voces que respaldarán la teoría acusadora de que durante el gobierno de Martinelli, se les violó su intimidad y,

en ocasiones, estas conversaciones fueron divulgadas en las redes sociales.

Entre los testimonios que han citado tanto Díaz como el querellante autónomo Rosendo Rivera como acusadores, se

encuentran dos expresidentes de la República —Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares—; el exvicepresidente

de la empresa de aviación Copa y Televisora Nacional TVN, así como al gerente general de ésta empresa Luis Mouynes.

Los mencionados se encuentran entre 70 víctimas entre las que también se incluye a Erasmo Pinilla, entonces magistra-

do del Tribunal Electoral, a Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, así como a

periodistas, políticos y el alcalde capitalino José Blandón ( ver gráfica ).

Con estos testimonios se pretende probar que se desarrollaron actividades de inteligencia que implicaron la intercepta-

ción de sus comunicaciones privadas por telefonía y por WhatsApp, correos electrónicos y con la utilización de artificios

técnicos de escucha que permitieron la grabación de sus conversaciones, ya fuera de temas políticos, su vida íntima o

agenda de trabajo de la persona en mención.

El fiscal también cuenta con las versiones de algunos miembros del entonces gabinete de Martinelli, como por ejemplo

sus dos exministros de la Presidencia (Demetrio ‘Jimmy' Papadimitriu y Roberto Henríquez), quienes se han desvincu-

lado de las actividades del Consejo de Seguridad Nacional y aseguran que las relaciones entre Martinelli y este organis-

mo se daban de manera directa y sin su intervención.-

 

Díaz solicitará que se cite también a José Muñoz Molina, copartidario y amigo de Martinelli, para probar que el acusado

se reunió con el diputado Yassir Purcait en su despacho, donde le presentó una serie de videos que evidenciaban intercepta-

ciones de comunicaciones ilícitas.

Tanto la Fiscalía como Rivera han afinado detalles para introducir nuevos elementos convincentes sobre los hechos que acu-

san a Martinelli y para evitar duplicidades.

En este sentido, se han arropado de varios testimonios, tanto de exfuncionarios del Consejo de Seguridad así como de los de-

tectives policiales a quienes encomendaron realizar las inspecciones oculares de los equipos tecnológicos hallados en el edifi-

cio 150 de Quarry Heights, donde se ubica el Consejo de Seguridad.

No obstante, dos de los testigos —Rony Rodríguez (jefe de inteligencia del Consejo) y William Pittí, exfuncionario del Consejo

— que solicita la Fiscalía no han sido localizados.

La idea de los acusadores es acreditar que se conocía la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos

y los seguimientos que se hacían de forma ilegal.

Se han contemplado aproximadamente quince testimonios de funcionarios del Consejo como parte de estas pruebas. Con sus

declaraciones, el fiscal pretende probar que Martinelli era el autor de los hechos y que existía un modus operandi para tal fin.

Entre los testigos también están Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Jaime Moltó, exdirectores del Consejo .

Al primero, porque dijo que Rony Rodríguez tenía órdenes de trabajar con la presidencia de la República.

A Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia, lo sentarán en el estrado para que ratifique que la política de

seguirdad del Estado era responsabilidad del presidente, y que no existe acta o reunión en la que él haya participado como

ministro, ya que todas las reuniones eran en el Consejo de Seguridad.

Otro testimonio clave de la parte acusadora se recarga en Júbilo Graell, un exfuncionario del Consejo que señaló a Rodríguez

como instructor de vigilancia y seguimiento a ciertos objetivos que interesaban al Presidente, y que él lo llevaba todas las maña-

nas a la Presidencia a entregar un sobre amarillo.

PRUEBAS DE LOS DELITOS

La parte acusadora ha recopilado testimonios y documentación

72

Testimonios citarán los querellantes y la Fiscalía

46

Documentos que contienen diligencias de inspección ocular, contratos, notas, además de dos pruebas periciales.

Este funcionario del Consejo también atestiguó que fue él quien trasladó un rack que se usaba para

los servidores desde la sede del edificio en Ancón hasta el Súper 99 en Monte Oscuro, donde se en-

cuentran las oficinas centrales del negocio del expresidente.

No obstante, la parte acusadora no cuenta con los softwares que se utilizaron para el espionaje del

que se acusa a Martinelli. Cuentan con la documentación que contiene el contrato que se hizo entre

el Estado y las empresas proveedoras de los equipos, mas no con el equipo en sí.

En cuanto a la documentación que mostrarán los acusadores, se cuentan más de 48 elementos que

consisten en actas de inspección ocular a diferentes lugares, como residencias, oficinas, el hotel

donde se hospedaron los proveedores del equipo, los autos de la Sala Penal que confirman que los

números pinchados no contaban con una autorización judicial, copia de contratos y otros cuadernillos con las inspecciones ocu-

lares que guardan reserva por disposición de la Sala Segunda Penal en cuanto a su contenido, evitando de esta manera su publi-

cidad para no revictimizar a los afectados.-

 

Entre las pruebas periciales que recolectaron los acusadores hay diligencias realizadas a un disco duro en el que se encontró el

correo ‘brad.pty507.gmail.com', desde el cual se enviaba información de los casos solicitados.

El perito Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal, hablará de los hallazgos en las computadoras y explicará las diligencias

de inspección ocular efectuadas a los tanques de Balboa, punto donde se encontraba el enlace de Internet de banda ancha que

era utilizada.

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La acusación penal contra Ricardo Martinelli

Entre los años 2012 hasta mediados de mayo de 2014, en la planta alta del edificio 150, ubicado en la sede del Consejo de Segu-

ridad Nacional, en Quarry Heights, Ancón, funcionarios de esta institución, por órdenes del entonces presidente, Ricardo Mar-

tinelli, realizaron interceptaciones ilícitas de comunicaciones de un número plural de ciudadanos.

La escuchas se hacían a los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conver-

saciones confidenciales y personales de activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, de gremios educativos, grupos de la so-

ciedad civil, abogados, médicos. Los actos implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos.

 

Con este objetivo, se estableció, por parte del entonces presidente, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del

Estado a través del cual se daban instrucciones para que los funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes tenían pleno cono-

cimiento de la ilicitud de sus actividades y que no contaban con una orden judicial, realizaran intervenciones de las comunica-

ciones en distintas modalidades, por ejemplo, vigilancia y seguimiento de personas a quienes se les denominaba ‘objetivos'.

Estos blancos podían ser de grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, haciendo extensiva esta violación de los dere-

chos humanos, en algunos casos, a las familias o amistades del individuo que estaba siendo vigilado. Para la realización de

estos ilícitos, Martinelli suministró los equipos, recursos y personal necesario.

Los hechos descritos constituyen los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (artículos 167 y 168 del

Código Penal), delitos contra la administración pública, en diferentes formas de peculado (artículos 338 y 341 del Código Penal).

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