Proceso contra Cristina en la Ruta del Dinero K !

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La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA): ambos organismos reclamaron

que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron

ayer la falta de mérito que dictó el juez federal

 Sebastián Casanello sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa

por presunto lavado de dinero conocida como la

 “ruta del dinero K”. Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que “concurren

elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras”.

A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presenta-

ción que el juez Casanello “sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de

 Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos exis-

tentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continui-

dad de los mismos”.

 


“No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del

fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar

que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibien-

do obra pública, de modo preferencial”, apuntó la UIF.

 

Para la OA, que conduce Laura Alonso, la ex presidenta tenía conocimiento, al menos

de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por el empresario

 Lázaro Báez: en la causa, Leonardo Fariña señaló que si bien el dinero de origen ilícito

era manejado por Báez en verdad era propiedad de Néstor Kirchner. “Es decir, el hecho

de que Cristina ElisabetFernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de

 Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo,

pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones -como es normal que

ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su res-

ponsabilidad en el evento”.

Además, la OA coincidió con la UIF en que las empresas de Báez continuaron siendo

adjudicatarias de contratos de obra pública “direccionadas de modo fraudulento”, lo

que constituyó la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado. En

el escrito se repasan una serie de hechos presuntamente organizados desde la Casa

 Rosada y advirtió que “existió una decisión de proteger, desde las más altas esferas

del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro

Antonio Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar

su impunidad”.

En lo referido al fideicomiso testamentario de Báez, la OA consideró “que más allá de

su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento

que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía -y

aún surge- formalmente del patrimonio” del empresario, que -aseguró- “no le

pertenece a él, sino a otras personas. “Y esas otras personas son Nestor Kirchner,

antes, y Cristina Fernández, ahora”. La Oficina viene insistiendo sobre la participación de Cristina Kirchner en esta

causa por entender que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por

objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en

cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que la ex presidenta y su difunto esposo resultaban los

verdaderos dueños de esa fortuna.


Lo hicieron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA): ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron ayer la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero K”. Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que “concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras”.


A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presentación que el juez Casanello “sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos”.

“No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibiendo obra pública, de modo preferencial”, apuntó la UIF.

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Para la OA, que conduce Laura Alonso, la ex presidenta tenía conocimiento, al menos de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por el empresario Lázaro Báez: en la causa, Leonardo Fariña señaló que si bien el dinero de origen ilícito era manejado por Báez en verdad era propiedad de Néstor Kirchner. “Es decir, el hecho de que Cristina ElisabetFernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones -como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento”.

Además, la OA coincidió con la UIF en que las empresas de Báez continuaron siendo adjudicatarias de contratos de obra pública “direccionadas de modo fraudulento”, lo que constituyó la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado. En el escrito se repasan una serie de hechos presuntamente organizados desde la Casa Rosada y advirtió que “existió una decisión de proteger, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro Antonio Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar su impunidad”.

En lo referido al fideicomiso testamentario de Báez, la OA consideró “que más allá de su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía -y aún surge- formalmente del patrimonio” del empresario, que -aseguró- “no le pertenece a él, sino a otras personas. “Y esas otras personas son Néstor Kirchner, antes, y Cristina Fernández, ahora”. La Oficina viene insistiendo sobre la participación de Cristina Kirchner en esta causa por entender que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que la ex presidenta y su difunto esposo resultaban los verdaderos dueños de esa fortuna.

 

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