Alianza Cívica, firme ante D.Ortega en Nicaragua.

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asesinos

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no permitirá que en las negociaciones que sostiene con el régimen

de Daniel Ortega los crímenes que se cometieron en la represión contra los nicaragüenses queden en la impunidad.

Carlos Tünnermann Bernheim, miembro propietario de la delegación de la Alianza Cívica en las conversaciones, dijo

que si bien aún no se aborda el tema de la justicia, ante cualquier propuesta de ley de amnistía que se presente ello

se opondrán.

 

El jurista Tünnermann explicó que en la agenda de negociación “no hay ningún punto que refiera a una ley de am-

nistía, de lo que se habla es de justicia y eso significa que no debe haber impunidad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con base en el informe del Grupo Interdisciplinario de Ex-

pertos Independientes (GIEI), sostiene que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la repre-

sión a las protestas cívicas.

El organismo de derechos humanos recomendó investigar al dictador Ortega y a directores, subdirectores y jefes de-

partamentales de la Policía Orteguista (PO), además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de

violencia.

Entre 325 y 535 ciudadanos fueron asesinados durante los meses más álgidos de la represión, según organismos de

derechos humanos.

Tünnermann afirmó que en la mesa de negociación los delegados de Ortega no han hablado de dar amnistía, sin em-

bargo el político avizora como uno de los temas más complejos decidir qué pasará con la PO, que es responsabiliza-

da de dirigir la represión contra los ciudadanos.

Las delegaciones de la Alianza Cívica y de la dictadura de Ortega el 27 de febrero pasado reiniciaron las negociacio-

nes para lograr una salida pacífica a la crisis sociopolítica que existe en el país desde hace más de 11 meses.

Uno de los puntos de la agenda consensuada refiere a la “verdad, justicia, reparación y no repetición” de los crímenes

durante la represión que inició por el levantamiento del pueblo el 18 de abril del 2018, en exigencia por la salida del po-

der de Ortega y su cogobernante Rosario Murillo.

De hecho en un cuestionario-respuesta que la Alianza publicó en sus redes sociales, una de las interrogantes está rela-

cionada con el indulto o amnistía. ¿Va a haber algún indulto o si se ha hablado algo de amnistía?

Al respecto, la Alianza respondió que “los temas de justicia no se han abierto a discusión. A la fecha solo se habló de

presos políticos y democracia. El tema de justicia tiene como base lo presentado por la Asociación de Madres de Abril:

verdad, justicia, reparación y no repetición. El acuerdo garantiza que no habrá impunidad”.

Rechazo de familiares de las víctimas

Al respecto, la Asociación de Madres de Abril (AMA), que integran familiares de las personas asesinadas en la jornada

de represión gubernamental, así como por el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, han dejado claro a la Alian-

za que deberán denunciar si el régimen de Ortega propone una amnistía.

“Como familiares de personas asesinadas nunca vamos a permitir una Ley de Amnistía, jamás. Desde el inicio lo que

demandamos es justicia sin impunidad. Nosotros vamos a exigir verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición”

, afirmó Francis Valdivia, presidenta de AMA.

Los familiares de los asesinados y de los presos políticos lo que demandan en que cuando se aborde en las negocia-

ciones el punto de la justicia y reparación, se establezcan mecanismos para que haya una investigación creíble que

lleve a los responsables de los crímenes, tanto los autores intelectuales como los que han ejecutado la represión, a

enfrentar la justicia.

“Nuestra ruta es agotar las instancias en la vía legal en Nicaragua y a nivel internacional. Aunque no confiemos en la

Fiscalía y en la Policía tenemos que agotar esa vía porque el Estado está obligado a garantizarnos el acceso a la justi-

cia, que hasta hoy nos han negado. Una vez agotada esa vía acudiremos a las instancias internacionales”, afirmó Val-

divia.

Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, también rechazó que la represión quede impune.

“Nunca vamos a estar de acuerdo con eso (con una amnistía), los responsables deben pagar por todos los crímenes.

Tanto nosotros como AMA hemos sido claros con la Alianza de que no hay amnistía para los torturadores y asesinos de

nuestros presos y de nuestros muertos”, afirmó Esquivel.

Estados Unidos ha señalado y sancionado a altos funcionarios del régimen de Ortega por la responsabilidad directa de

la represión y crímenes de lesa humanidad. Entre estos señalados está el actual director de la Policía Nacional, Francis-

co Díaz, quien es consuegro de Ortega. También figura Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, señalado

de dirigir los grupos paramilitares que atacaron a los civiles. Ambos forman parte del círculo de confianza más cercano

a la familia Ortega Murillo.

 

Conciliación de listados de los reos empieza hoy

 

Por otra parte, hoy lunes las delegaciones de la Alianza Cívica y el régimen retoman las conversaciones que se desarro-

llan en el Incae, estando previsto que se integren los enviados por el Comité de la Cruz Roja Internacional para empezar

la conciliación de los listados de los presos políticos.

La Alianza Cívica tiene un reporte de 838 presos políticos, de los cuales 647 están en las cárceles y 191 están en el exi-

lio por tener órdenes de captura. Con ese número coincide la CIDH, en tanto el régimen no ha oficializado su lista pero en

diciembre pasado registró 347 personas encarceladas por participar en las protestas.

 

El compromiso del régimen es liberar a todos los presos políticos en un plazo no mayor a noventa días, cuyo plazo empe-

zó a partir del 20 de marzo pasado y que concluye el 18 de junio.

Por su parte, Esquivel dijo que se discutirá el cambio del proceso de salida de los reos para que el Sistema Penitenciario

los entregue a una delegación de la Cruz Roja Internacional y de la Iglesia católica, para que se constate el estado físico

de cada uno que sea liberado. “Vamos a presionar para que hoy empiecen a liberarlos”, dijo.

 

Anular todos los procesos

 

La doctora en Derecho y catedrática, María Asunción Moreno Castillo, explicó que en el mecanismo que debe implementar

se para que se dé la liberación “definitiva, segura y con garantías” de los presos políticos “es necesario conciliar una lista

única lo más completa posible, de todas las personas que tienen un proceso administrativo o judicial abierto en ocasión de

las protestas que se han dado a partir del 18 de abril del año pasado”.

Moreno explicó que con base en la lista conciliada se debe proceder a liberar a todas las personas, comenzando por los ca-

sos menos complejos desde el punto de vista procesal, así como liberar a aquellos que están secuestrados y no han sido

puestos ante autoridad judicial.

En los casos de aquellas personas que están siendo procesadas, dijo, se puede cambiar la medida cautelar de prisión por una

menos gravosa, mientras se resuelven en las audiencias y juicios los incidentes de nulidad que han promovido todos los defen-

sores oportunamente.

“Ello requerirá la programación expedita de todas las audiencias en atención a los plazos y términos legales para que los jueces

y magistrados, en los casos de apelación, se pronuncien sobre estos incidentes y recursos presentados, solo así se garantizará

una salida legal que dé seguridad jurídica a las personas liberadas”, afirmó la jurista Moreno.

Tema de libertades

Carlos Tünnermann, de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con el régimen Ortega-Murillo, refirió que este

lunes abordarían el tema de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas conforme lo establecen la Constitución y los trata-

dos internacionales como la Convención Universal de los Derechos Humanos. “Vamos a sostener nuestra propia agenda, por-

que para la Alianza esto implica respetar y hacer cumplir las libertades, derechos y garantías. Eso significa el derecho a la li-

bre movilización, de asociación, a la libertad de expresión y de prensa que están garantizados en la Constitución y en los

convenios internacionales de derechos humanos”, afirmó Tünnermann.

“El Gobierno y el Estado de Nicaragua son los responsables de la muerte de nuestros familiares y es a estos a quienes se va

a demandar”, dijo Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril.

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