OEA exige a ORTEGA ingreso de CIDH y sea aceptada como garante en diálogo

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La mayoría de los embajadores del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le

demandaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua y que sea aceptada como garante internacionales del cumplimiento de

los acuerdos que se alcancen en las negociaciones que la dictadura sostiene con la Alianza Cívica por la Justicia

y la Democracia.

Este viernes 5 de abril el Consejo Permanente de la OEA recibió varios informes sobre la situación de Nicaragua,

que incluyó un reporte sobre las negociaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno orteguista por parte del envia-

do especial de la organización, Luis Ángel Rosadilla.Otra de las demandas en la que gran parte de los gobiernos

integrantes de la OEA coincidieron fue en exigir al dictador Ortega dar muestras de verdadera voluntad de alcanzar

una salida pacífica a la  crisis sociopolítica causada por las graves violaciones a los derechos humanos por grupos

gubernamentales, y acepte elecciones adelantadas, antes del 2021, y la conformación un sistema integral de justi-

cia creíble donde participen personalidades independientes investiguen los crímenes contra la población.

Rosadilla, quien es testigo y acompañante de las negociaciones, expuso que en la mesa de negociaciones no ha

sido posible avanzar “ni un milímetro” en el tema de justicia y reformas electorales que incluya el adelanto de las

elecciones, antes del 2021 en Nicaragua

Se detalló los acuerdos de liberar en un plazo no mayor a los 90 días, a partir del 20 de marzo, a todos los presos

políticos, así como que el Comité Internacional de la Cruz Roja está a cargo de la conciliación de los listados del

régimen y de la Alianza Cívica.

Rosadilla explicó que sobre el tema de la justicia, reparación y no repetición “no se ha logrado acuerdo ninguno”

. “También en este tema se ha acordado una pausa para buscar mecanismos que nos permita encontrar una ba-

se para retomar esos temas, porque las bases de la Alianza Cívica y el gobierno llevaron a la mesa no ha sido

posible avanzar, diría, ni un milímetro”.

El reporte de Rosadilla sirvió de base para que los embajadores de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Ecuador,

Paraguay, Chile, entre otros, reclamaran a Ortega de pretender usar el diálogo para ganar tiempo a fin de permane-

cer en el poder, pero que en la práctica no cumple los compromiso sobre las libertades y los presos políticos pues

se mantiene la represión al no permitir las manifestaciones, seguir las detenciones ilegales, los ataques y censura a

periodistas y medios independientes; no regresar las personería jurídicas a las organizaciones civiles que se les des-

pojó y tampoco liberar a todos los reos políticos.

 

Carlos Trujillo, embajador de EE.UU. y presidente del Consejo Permanente, prometió que su gobierno seguirá presio-

nando para que Ortega “rinda cuentas de su represión”.Instó además a que la OEA esté preparada para utilizar las

herramientas democráticas para restablecer la institucionalidad en Nicaragua.

“Es posible reanudar el diálogo pero el gobierno no da muestras reales, porque no ha liberado a todos los presos po-

líticos,no ha rendido cuentas de los abusos, no da pasos para las reformas electorales para garantizar un proceso

electoral creíble”, dice.

 

Trujillo alertó a la comunidad internacional de la estrategia de Ortega en el diálogo son “patrones de atrasar y disi-

mular, en lugar de tomar medidas para encontrar un acuerdo claro”, dijo.

“Ni el pueblo nicaragüense ni la comunidad internacional tolerará esas tácticas par  atrasar y  engañar. Exigimos

un acuerdo genuino”, advirtió el embajador estadounidense.

En la sesión extraordinaria para evaluar la situación de Nicaragua el  Consejo Permanente conoció el IV informe de

la embajadora Jennifer May Loten, presidenta del Grupo de Trabajo de la OEA,  donde se sostiene que “la situación

de Nicaragua siguen siendo alarmante” debido a que “la represión continúa y los manifestantes presos siguen encar-

celados”.

En la evaluación del Grupo de Trabajo se reconoce el restablecimiento del diálogo, sin embargo se reclama que para

que funcione debe “ser abierto, transparente e incluyente”.

Otra de las intervenciones más duras contra la dictadura orteguista fue de la representante permanente de Costa Rica,

Montserrat Solano Carboni, al afirmar que su gobierno no ve gestos de buena fe en Ortega para salir de la crisis, sino

que hace tácticas dilatorias para perpetuarse en el gobierno.

La embajadora Solano pidió a los miembros del organismo hemisférico “ser enfáticos en que se ha dado una alteración

del orden democrático, la ausencia de un sistema electoral que asfixia a Nicaragua”.

En la mesa de conversaciones el gobierno propuso que la Comisión de la Verdad conocida como comisión Porras, que

está integrada por funcionarios que responden a los intereses al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

, junto con otras seis instituciones, entre ellas la Policía Orteguista (PO) sea quien conforme un sistema de investigación

de las muertes en el contexto de la protesta ciudadana, iniciada en abril del 2018.

Esa propuesta es rechazada por la Alianza Cívica y la Asociación de Madres de Abril (AMA, integrada por familiares de

las víctimas), pues la consideran una forma de asegurar la impunidad a los responsables de las más de trescientos ase-

sinatos en el contexto de la protesta. La oposición y AMA propone la conformación de una Comisión de la Verdad inte-

grada por personas independientes con participación de la CIDH, lo cual rechaza Ortega y es uno de los temas que trabó

las negociaciones con la Alianza Cívica.

 

"Al mismo tiempo, la subraya la necesidad de que el órgano encargado de verificar los acuerdos alcanzados en estos temas sea integrado por personas independientes al Gobierno de y de reconocido prestigio en la materia".

Que PO investigue sus crímenes es cinismo

“Es inaceptable que el gobierno  de Nicaragua pretenda que en el tema de la justicia lo investigue la Comisión Porras,

la Policía y otras seis instituciones. (…)Pretender que la Policía investigue cuando es la señalada de cometer los críme-

nes es cínico. La Comisión Porras se ha manifestado que no reconoce la agresión del Estado a la población.  Se suma

a esta burla la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos quien defendió al gobierno y no a las víctimas…

.Al pueblo nicaragüense se le acaba el tiempo y la paciencia”, dijo la embajadora costarricense.

El representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, no respondió a la demanda de la mayoría de los gobiernos

latinoamericanos de que se permita el regreso al país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)

y de la CIDH para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos. Tampoco hubo respuesta sobre que esos

organismos se integren como garantes internacionales de los acuerdos que se logren en las negociaciones entre  la

Alianza Cívica y el gobierno.

Alvarado  en la sesión extraordinaria repitió el discurso del régimen de tener voluntad de alcanzar acuerdos, y presentó

como muestra “del compromiso que se ha pasado a convivencia familiar” a 200 presos políticos, incluidos los 50 liberados

este viernes, “que por voluntad expresa de las autoridades de nuestro país están hoy con sus familiares”.

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