Médicos cubanos denuncian al estado por esclavitud

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pillaos

«El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionaliza-

ción de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar». Así de con-

tundente se muestra Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con

sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos

y los profesionales -deportistas, profesores, ingenieros...- que forman parte de las mencionadas

misiones creadas por el Gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado, y que si-

guen operando en numerosos Estados.

Unas misiones que en los últimos meses se han hecho mundialmente famosas debido al envío, por

parte del Gobierno cubano, de brigadas de médicos a países cuyos sistemas sanitarios se han visto

superados por la pandemia del Covid-19. Fotos de decenas de médicos, rodeando la imagen de Fidel

Castro, fundador de las misiones y también de las brigadas «Henry Reeve», han llenado las páginas

del Granma, periódico oficialista de la isla, y los espacios de la televisión estatal; pero también se han

hecho eco de ellas medios internacionales que han creído ver en estas brigadas un gesto altruista y de

solidaridad del régimen cubano. Algo que, según informes y denuncias de numerosos organismos in-

ternacionales defensores de derechos humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la

ONU, Prisoners Defenders-, está muy lejos de ser así.

El año pasado Prisoners Defenders ya denunció ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional

los abusos del Gobierno cubano hacia estos colectivos profesionales, que viven bajo un régimen de

esclavitud. Meses después, la ONU, tras analizar las pruebas y testimonios presentados, calificaba

las actividades de estos profesionales médicos como «trabajos forzosos» al servicio del régimen

0% de los testimonios recogidos entonces así lo afirmaba, y los de ahora se ratifican en ello), que

no podían rechazar por miedo a las represalias; el control dictatorial de su vida en los países a los

que iban a trabajar (retirada del pasaporte, sin contrato o sin tener una copia de él en caso de rea-

lizarse, horarios extenuantes, prohibición de relaciones personales con ciudadanos del país anfi-

trión, obligación de acudir a reuniones del partido comunista y de proselitismo del castrismo en

su entorno); la obligación de manipular los datos para mejorar las estadísticas de la atención a pa-

cientes y el uso de medicamentos muy costosos, la prohibición de dejar las misiones, castigado por

ley con 8 años de exilio, sin posibilidad de ver a sus familias y de ejercer su profesión...; así como

la retención, por parte del Gobierno cubano, de entre el 75 y el 90% de los salarios pagados por las

países anfitriones a los médicos.

 


Médicos cubanos en Brasil, antes de que el presidente Bolsonaro cancela el programa por considerarlo un abuso
Médicos cubanos en Brasil, antes de que el presidente Bolsonaro cancela el programa por considerarlo un abuso

 

Ahora, la ONG Prisoners Defenders ha presentado una ampliación de aquella denuncia ante la

ONU y ante la Corte Penal Internacional que incluye «más de 600 testimonios de los que más

de 400 han delegado en nosotros para denunciar en su nombre a la Seguridad del Estado de

Cuba por la esclavitud a las que les somete. La denuncia es masiva», asegura a ABC Javier La-

rrondo. «Presentamos más contratos, convenios y pruebas de las barbaridades jurí-

dicas y violaciones de derechos humanos que rubrican tales documentos. Demostramos que

ninguna misión de Cuba es solidaria».

El documento recoge 622 testimonios de profesionales sanitarios que han trabajado en 29

países. De ellos, 405 están protegidos por miedo a las represalias contra los familiares que

continúan en la isla; mientras que 217 son públicos. El número mayor de testimonios proce-

den de profesionales que estuvieron en misiones en Venezuela, seguidos de Brasil, donde el

presidente Bolsonaro acabó con el programa por el abuso al que eran sometidos; Bolivia,

Haití, Arabia Saudí y Guatemala. También se incluye alguno de Sierra Leona, Sudáfrica, An-

gola, Ecuador e incluso España. En total, han sido monitorizado, a través de estos testimonios

la gestión de estas misiones en 29 países. Estos testimonios vuelven a rubricar los abusos denu-

nciados en el primer informe presentado ante la ONU y la CPI.

Países cómplices

En el nuevo texto, de más de 400 páginas, PD desmonta la respuesta que el Gobierno cubano

dio la ONU tras la primer denuncia. De manera reiterada, el régimen desmiente el componen-

te económico de sus misiones, que año tras año han sido su principal fuente de ingresos (tri-

plica los del turismo), llegando a ingresar en en 2018 alrededor de 8.500 millones de dólares.

Y presume de que su Gobierno es el que asume los gastos en aquellos países anfitriones que

no tienen medios para pagar los servicios de las brigadas de médicos cubanos. Algo que no

sería realmente así, según la información recabada por PD. «Cuando el país hospedante es

pobre, Cuba va sólo si un país tercero, como Noruega, Luxemburgo o Portugal (este

último con fondos europeos de cooperación), paga una millonada por los médicos, de lo que

Cuba confisca el 85% de media. Hay países en Europa que, sin saberlo y posiblemente con las

mejores intenciones, están sufragando la esclavitud. Hemos analizado las violaciones en más

de 29 países, con todo detalle, gracias a toda la documentación inédita conseguida», señala

Larrondo.

Estos documentos convierten en cómplices de esclavitud a países europeos, sin siquiera sa-

berlo ellos, lo que supone una aberración en el siglo XXI. Un aspecto que la ONG Human

Rights Watch denunció el pasado mes de julio, reclamando a los gobiernos de los países anfi-

triones, que estaban recibiendo brigadas de médicos cubanos con motivo de la pandemia, que

exigieran cambios en las condiciones laborales de estos profesionales. «El mundo ha consenti-

do la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se

puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar. Hay que buscar formas solida-

rias para cubrir la salud, porque hay países que hay que cuidar y ayudar. Sus ciudadanos no vi-

ven en estados de bienestar como España. Pero no con esclavitud».

 


Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders - ABC

 

La mayor prueba de esta violación de derechos continuada estaría en las propias leyes cubanas:

el artículo 135 del Código Penal, o la Resolución 168 del MINCEX. «Cualquier persona que los

lea, sentirá nauseas. Pero, además, Cuba firma Convenios con países, como Guatemala, que dicen

explícitamente que Guatemala jamás contratará ni durante ni después del Convenio a ningun co-

laborador cubano que haya dejado cualquier misión cubana del mundo. Es un mundo orwelliano,

dantesco, una persecución draconiana sobre los médicos cubanos», subraya el presidente

de PD. Pero son los 622 testimonios del texto remitido a Ginebra y a La Haya «la guinda final nece-

saria para corroborar que todo el esquema se ejecuta sobre decenas de miles de personas».

Reunificación familiar

El objetivo de esta ampliación de la denuncia presentada en 2019 no sería otro que erradicar la

esclavitud en dichas misiones, pero también que Cuba «permita a las 40.000 personas a las

que prohibió volver a entrar a la isla, por dejar una misión, hacerlo de forma regular, como turis-

tas, que además generen ingresos en la isla. La reunificación familiar de esos hijos y padres que no

se ven desde que los primeros eran muy pequeños». Familias que se quedan en la isla y que también

sufren las consecuencias de la represión después de que sus padres hayan abandonado las misiones,

ya que el régimen los considera «traidores a la patria». Este exilio forzoso llevó a miles de médicos a

crear la plataforma «Nosomosdesertores», desde la que denuncian su dramática situación familiar y

personal.

Según el informe, en la actualidad hay entre 5.000 y 10.000 padres que no pueden ver a sus hijos

durante un periodo de ocho años.

Esta segunda denuncia presentada por PD llega en un momento en el que la pandemia del corona-

virus ha obligado a muchos países a aceptar la ayuda de Cuba y sus misiones médicas. Lo que ha

supuesto una campaña de propaganda gratuita y muy beneficiosa para el régimen cubano.

 Cuestionar estas misiones médicas en un momento tan sensible para la población se presentaba quizá

como un obstáculo, que, sin embargo, no ha frenado a PD. «En absoluto. La verdad no admite discusión.

Los crímenes de lesa humanidad tampoco. El que quiera enfrentarse a esta denuncia, pasará un mal rato

político y humano, hasta consigo mismo, más tarde o más temprano. Es mejor unirse al carro de los dere-

chos humanos. Mire, la ONU ya ha sentenciado oficialmente que en Venezuela se han estado cometiendo

los peores crímenes de lesa humanidad desde 2014 por el Gobierno de Maduro... ¿cómo se sentirá ahora

Zapatero que defendió, después de 2014, a un perpetrador de crímenes de lesa humanidad, un Hitler...?

Hay que ser más responsable, y menos ideológico», sentencia Larrondo. «En la política -continúa-, los

derechos humanos son lo primero, y los intereses, partidismos o coyunturas jamás pueden estar por en-

cima, ni se puede trazar un camino por "cercanía" ideológica en contra de los primeros. Son quienes

actúan así en política quienes tienen que preocuparse con este asunto. Mi organización y yo nos senti-

mos fuertes y confiados. La verdad y el amor por el ser humano y un trabajo ingente de dos años sin

cesar, y sin dormir, nos dan esa confianza».

 

 

Nobel de la Paz

La denuncia también se produce cuando se multiplican las voces, especialmente en las redes

sociales -marco que sabe manipular bien el régimen cubano y sus partidarios-, pidiendo el

Premio Nobel de la Paz para las brigadas de médicos. «Hay quien se ríe. Pero reírse no es acor-

de con la gravedad del asunto. Hubo quién se reía del programa Aló Presidente!, y de los discur-

sos de Maduro. Quien pueda decir algo, que estudie el asunto, y tome cartas en él. Noruega no

puede blanquear un crímen de lesa humanidad. Sería el fin para el Premio Nobel de la Paz»,

señala Larrondo.

En cuanto al monto económico que el régimen cubano habría obtenido estos meses de la pande-

mia con las brigadas de médicos que han viajado a Italia, Andorra, Argentina, México...,

Larrondo no tiene una cifra concreta. «Aunque nos hemos centrado mucho más en la parte huma-

na y en la probatoria del esquema de esclavitud, de la parte económica lo que sí hemos analizado

con mayor detalle es el global económico de las misiones, no la parte concreta del Covid», recono-

ce. Aún así se atreve a hacer un cálculo rápido que «admite margen de error»: «3.00o euros/mes,

3000 médicos, cuatro meses. De los 8.500 millones de dólares al año que Cuba obtiene de las mi-

siones cada año, la parte del Covid de este año debe estar entre los 30 y los 50 millones de euros,

sólo en lo que llevamos de pandemia, y sólo por los salarios de los médicos, de los cuales el Gobier-

no cubano se queda con el 85% de beneficio neto. Pero el problema no es el dinero. El problema es

la propaganda de un esquema de esclavitud en pleno siglo XXI. Eso sí le reporta más ingre-

sos colaterales y apertura de otros contratos, todos de esclavitud, y que hacen sufrir a decenas de

miles de personas. Y eso sí nos preocupa más», concluye.

 

«Los crímenes de lesa humanidad necesitan del concurso de todos, y

Europa y EE.UU. son claves»

Desde que PD presentó la denuncia en 2019, el régimen cubano ha responsabilizado al Gobier-

no de Estados Unidos de estar detrás de una campaña de descredito contra sus misiones interna-

cionales. Este es otro de los puntos que ahora quiere desmontar también el documento remitido a

la ONU y a la CPI. «Esta denuncia de esclavitud ya fue iniciada en 2010 por el Colegio Médico de

Portugal y el British Médical Journal, en 2018 por las Naciones Unidas en su Examen Periódico

Universal de Cuba, y por Prisoners Defenders en noviembre de 2018...», señala Larrondo. «En esta

iniciativa no están los Estados Unidos. Pero, si le soy franco, sí me hubiera gustado que hubieran es-

tado desde el principio tanto Europa como los Estados Unidos, ambos y unidos, porque hubo mo-

mentos, al comienzo del trabajo, que en PD nos sentíamos con gran incertidumbre de si se nos escu-

charía», confiesa. «Hay que sumarse antes, durante o más tarde, pero los crímenes de lesa humani-

dad necesitan el concurso de todos, y Europa y los Estados Unidos son claves, y ambos deben sumar-

se en crisis donde estén afectados los derechos fundamentales, y actuar en consenso, y unidos. ¿Que

esto se lo han inventado los "americanos"? Es muy burda esa mentira», asevera Javier Larrondo, pre-

sidente de Prisoners Defenders.

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