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La amazonía peruana en emergencia.

"El gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando, pero para ello ratifica su confianza en el ministro Brack;





El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en varias provincias donde grupos indígenas han estado realizando protestas contra leyes relativas al desarrollo de la Amazonía que, en opinión de los manifestantes, favorecen a las empresas transnacionales.

Los indígenas advirtieron que no levantarán el paro hasta que no se archiven los proyectos de ley.

La medida gubernamental, que puede incluir la restricción o suspensión de la libertad de reunión y de tránsito, se impondrá por un período de 30 días, de acuerdo a un decreto supremo suscrito por el presidente Alan García, el jefe de su gabinete, Jorge Del Castillo, y los ministros de Defensa y Justicia.

El decreto afecta a las provincias de Bagua y Utcubamba, del departamento de Amazonas; la provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto; y el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención, en Cusco.

El gobierno plantea que una serie de enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes han puesto en peligro la seguridad en la región.

Además, según las autoridades, la resolución tiene por objetivo proteger diversas instalaciones de petróleo y gas natural para que mantengan su suministro.

El documento, publicado este lunes en el diario oficial El Peruano, asegura que algunos derechos fundamentales de la población "vienen siendo perturbados por actos de violencia que impiden su normal ejercicio, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades en algunas localidades amazónicas del país".

Más de 60 grupos indígenas se oponen a una serie de proyectos de ley impulsados por el gobierno de Alan García.


Más de 70% de la Amazonía peruana se encuentra lotizada con concesiones petroleras que se superponen a las comunidades nativas
AIDESEP

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a más de 1.300 comunidades, considera que los proyectos buscan "privatizar los bosques y las riberas de los ríos de la Amazonía" y "revertir al Estado los territorios de las comunidades indígenas, de manera que puedan ponerlas a disposición de las transnacionales".

AIDESEP exige que "estos proyectos sean archivados por vulnerar nuestros derechos colectivos a la propiedad y la autodeterminación, reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y en su lugar, solicitamos la recuperación de nuestros territorios integrales, puesto que representan la vida, el futuro de nuestras culturas originarias y de nuestras generaciones".

Según un pronunciamiento publicado en el sitio en internet de la organización, "más de 70% de la Amazonía peruana se encuentra lotizada con concesiones petroleras que se superponen a las comunidades nativas, reservas territoriales para pueblos en aislamiento, reservas comunales y otras zonas de conservación".

AIDESEP asegura que "similar situación se presenta con las actividades forestales y mineras".


Horas antes de la publicación del decreto, el gobierno ratificó "su voluntad de mantener el diálogo con los nativos de la Amazonía".

La medida afecta a diversas zonas de los departamentos de Amazonas, Loreto y Cusco.

Según una nota de prensa, el Consejo de Ministros reafirmó como interlocutor con los indígenas al ministro del Ambiente, Antonio Brack, mientras que algunos grupos exigen la presencia del jefe del gabinete, Jorge Del Castillo.

"El gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando, pero para ello ratifica su confianza en el ministro Brack; él empezó las conversaciones, él las debe seguir y de ninguna manera podemos aceptar una suerte de veto de un grupo que, por razones que van más allá de las organizaciones nativas, pretende imponer", dijo Del Castillo.

Del Castillo añadió que "no se puede permitir, bajo ninguna razón, la interrupción del suministro de gas natural" y dijo que se ordenó la liberación de un puente ocupado por manifestantes.

Según él, "hay elementos que pretenden tomar medidas violentas", pero "el gobierno no los va a permitir, ya estamos claros, estamos llanos al diálogo, en el día y la hora que nos digan, pero va a depender de las decisiones que tomen dichas personas".