Cristina a Juicio: Jueces le permitieron comitiva de circo !

La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó ayer por primera vez en el banquillo de

los acusados para ser juzgada por presunta corrupción durante su mandato, casi tres años y me-

dio después de dejar el poder y en pleno clima electoral por su reciente candidatura a la Vice-

presidencia.

Poco antes del mediodía, y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la jefa de Estado entre 2007

y 2015 llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para participar de la apertura de un proceso que se

alargará alrededor de un año con 13 imputados en la mira, como su exministro de Planificación Federal,

Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez.

También el exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde que en 2016 fue sorprendido ‘in

fraganti’ cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento-, aunque estuvo apar-

tado de los otros acusados por ser «imputado arrepentido» en otra investigación.

La causa se centra en las presuntas concesiones irregulares de 52 obras públicas viales, por unos 46.

000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares), al grupo Austral, propiedad de Báez, estrecho

colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en prisión por presunto lavado de

dinero desde 2016.

El juicio -que contará con unos 160 testigos- cobra especial relevancia al comenzar apenas tres días des-

pués de que Fernández, actual senadora, anunciara su candidatura a la Vicepresidencia del país, con quien

fuera su jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a la elecciones de octu-

bre próximo.

La Fiscalía apunta a que tanto Kirchner como su viuda fueron «jefes» de una «asociación delictiva» desti-

nada a apoderarse «de millonarios fondos públicos».

«Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos,

escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacio-

nal y convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo

de 12 años a expensas del interés de la sociedad», leyó el secretario del tribunal.

De ese modo, el Ministerio Público sostiene que se creó una «maquinaria eficaz en base al diseño de un es-

quema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez».

Una vez transferidos esos fondos al constructor, según la acusación, una porción de ese dinero atravesaría el

«camino inverso» en favor de Néstor y Cristina Kirchner a través de maniobras como el lavado de activos a

partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades inmobiliarias del matrimonio presidencial al propio

constructor.

Si bien Fernández no habló públicamente, y solo se la vio sentada junto a su abogado Carlos Beraldi atender a

la audiencia -a veces riendo y mirando el teléfono móvil-, horas antes de la sesión afirmó en Twitter que el juicio

es un «nuevo acto de persecución» con el que se busca montar una «cortina de humo» para «distraer» de la cri-

sis económica del país, al tiempo que negó los cargos.

En su opinión, el «único objetivo» era colocarla en el banquillo de los acusados «en plena campaña presidencial»,

algo que posteriormente fue negado con rotundidad por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

«Lo que dice Cristina Fernández no es cierto, ella forma parte de un proceso que empezó y llega a una etapa que

tiene la posibilidad de defensa, el fiscal deberá probar que las personas acusadas cometieron delitos, con todos

jueces designados durante de su gestión», dijo Garavano en declaraciones radiofónicas.

Aunque el caso se inició en 2008 a raíz de una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista

Elisa Carrió, tomó impulso en 2016 después de que la Dirección de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio

Macri denunciara que se encontraron una «maquinaria» que establecía sobreprecios del 50 % de media durante

el kirchnerismo.

La expectación por ver a la ex jefa de Estado sentada en los tribunales se hizo patente en el gran volumen de perio-

distas acreditados y el número de seguidores de Fernández apostados tanto a las puertas de su casa, cuando salió

camino de la sede judicial, como en los exteriores de esta, a pesar del cerco de seguridad policial dispuesto en la zona.

Además, lo que acontecía en los juzgados fue uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, en las que se

libró una particular batalla entre etiquetas como «#LaBandaAJuicio» y «#FuerzaCristina».

La viuda de Kirchner, procesada en una decena de causas y en cinco de ellas con órdenes de detención, no puede ser

arrestada por contar con fueros parlamentarios desde que fue elegida en las urnas como senadora en 2017.

 

 

 

La Corte Suprema decidió postergar ayer el tratamiento de las apelaciones de Cristina Kirchner, porque sus miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre una posición común. Los cuatro que pidieron el expediente la semana pasada ya no son cuatro. Están divididos. Una de las apelaciones se refiere a un pedido de pruebas para que se audite toda la obra pública hecha en el país por el kirchnerismo desde 2003 hasta 2015. Lo que se está juzgando es la obra pública en Santa Cruz, no en todo el país. Las maniobras dilatorias de los abogados pueden llegar a pedir que se constate si todas las personas de la guía telefónica se corresponden con los teléfonos adjudicados. Así es la estrategia para superar el "plazo razonable" para un juicio que ordenan los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en 1994 a la Constitución argentina. Cumplido el "plazo razonable", las causas prescrEl hecho de que la Corte no haya tratado si acepta -o no- las apelaciones de Cristina plantea una situación extraña para el tribunal del juicio oral que comenzó ayer. La Corte planea sobre ese tribunal, porque puede tomar una decisión en cualquier momento después de que se quedó con la fotocopia del expediente principal de la causa. Hay un pregunta que inquieta a los jueces del tribunal oral: ¿qué sucedería si los jueces supremos del país aceptaran las apelaciones y ordenaran que se hagan las pruebas pedidas por la expresidenta? Lo más probable que ocurra es que los abogados defensores de Cristina recusarían a los actuales jueces del juicio oral con el argumento de que no escucharon toda la verdad y que, por lo tanto, su opinión puede resultar parcial. El juicio que se inició ayer podría ser convertido en nulo e iniciarse un nuevo juicio cuando estén las pruebas, que podrían demorar años en terminarse. Si, en cambio, la Corte rechazara las apelaciones de Cristina, no estaría haciendo un acto de dejación de justicia, como denuncia el cristinismo. La Corte Suprema siempre tiene la última palabra para establecer si un juicio respetó -o no- todas las garantías constitucionales, pero luego de que exista una sentencia definitiva. Esa es su función en la vida para no interferir en las instancias ordinarias de la justicia. Por algo, la apelación ante la Corte se llama "recurso extraordinario"; es decir, está por encima de los trasiegos ordinarios. Por eso, también, cuando pidió la semana pasada el expediente y amenazó con postergar el juicio, la Corte se "ordinarió", según el neologismo creado por un importante juez del fuero federalNo pueden faltar en ese contexto las últimas declaraciones del candidato a presidente de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien el lunes señaló en Río Gallegos que "tendremos que revisar varias sentencias". Fernández es abogado, profesor de la Facultad de Derecho y uno de los discípulos de Esteban Righi, que ocupó con dignidad el cargo de procurador general de la Nación (jefe de los fiscales) hasta que Cristina Kirchner lo echó por no defender a su vicepresidente Amado Boudou. Esa pléyade de discípulos está integrada también por los actuales jueces federales Julián Ercolini, Daniel Rafecas y Ariel Lijo, entre otros. Algunos de ellos fueron alumnos y ayudantes de cátedra de Alberto Fernández, que formaba parte, a su vez, de la cátedra de Righi. Ercolini es el juez que hizo la impecable investigación del juicio que comenzó ayer y formó parte de la lista de jueces amenazados por Fernández. Ercolini fue secundado por una prolija tarea de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, redactores de un informe demoledor sobre la obra pública en manos de Lázaro BáePero lo importante es establecer qué quiso decir Fernández cuando advirtió que deberían revisarse varias sentencias. Si él llegara a la presidencia de la Nación, no tendrá facultades, como no la tiene ningún presidente, de modificar decisiones del Poder Judicial. Ni siquiera el Consejo de la Magistratura puede juzgar a los jueces por sus sentencias, sino por los delitos que puedan cometer (como el enriquecimiento ilícito, por ejemplo). ¿O, acaso, Alberto Fernández estaba adelantando la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner? Es altamente improbable que en diciembre, cuando asuma el nuevo presidente o reasuma Macri, haya sentencia definitiva sobre las causas que asedian a Cristina Kirchner. Una de las condiciones para el indulto es que haya sentencia definitiva, pero ya Carlos Menem quebró esa jurisprudencia cuando indultó en 1989 a jefes militares y guerrilleros con causas judiciales que no habían terminado. En definitiva, si Alberto Fernández se imagina presidente, como debe imaginarse, y quiere revisar las sentencias que pesan sobre Cristina, el único camino que le queda es el de indultarla. Una facultad arbitraria del presidente que viene de los tiempos de las monarquías absolutas, pero facultad al fin.Con indulto o sin indulto, con razón o sin ella, lo cierto es que Cristina debió posar ante una foto detestada. Justo ella, la mujer más poderosa de la Argentina durante 12 años, sentada en el común banquillo de los acusados. Esa foto formará parte de la campaña electoral, tanto como su capacidad para sorprender a la política. Es lo que no quería: esa foto.