Detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno reconoce la ONU cosas común en VZLA.

cariño

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanospublicado hoy

insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las

graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documen-

tado en el país.

El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de

emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes perma-

necen en él.

 

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones

han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición polí-

tica y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito

democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reite-

ración de graves violaciones de derechos humanos. En el documento se destaca la repercusión de la profun-

da crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fun-

damentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y

de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y

abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el

país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente

Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como

con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus

familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuer-

do que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la

violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la so-

ciedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autorida-

des competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el

periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad

de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia

sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza du-

rante las manifestaciones.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la

situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66

muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las

fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por

 las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente

elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia

a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras

 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a

que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de

libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Pre-

sidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también

pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber

ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acce-

so real a la justicia ni a una reparación adecuada.

“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de

confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obs-

táculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan. “El Ministerio Público ha

incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los

hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e

independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la deten-

ción de periodistas independientes. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comu-

nicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunica-

ción independientes”.

Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus

sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están

agravando aún más los efectos de la crisis.

Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comi-

das con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las

mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar ali-

mentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales,

amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron

a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.

La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electri-

cidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de

2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimien-

tos por falta de suministros.

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena

y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas

militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “La extracción de minerales, especialmente en los estados

Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener

costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones

de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y

apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor,

sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades

básicas”, afirmó Bachelet.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampo-

co trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos huma-

nos a los que todo venezolano tiene derecho”.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren

y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para

seguir apoyando”.

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